México por su vecindad con Estados Unidos es un país que presenta muchas dinámicas migratorias; es un país expulsor, de tránsito, destino y retorno. Esta última dinámica, se ha venido incrementando de manera notoria en 10 años con las deportaciones desde EUA hacia México no sólo de mexicanos sino también de centroamericanos, concretamente de hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños.  Para el año 2019, “entre los centroamericanos retornados el 40 por ciento correspondió a guatemaltecos (94.306), con un aumento del 26,96 por ciento frente a 2017 (67.343) y el resto, un 1,2 por ciento, a El Salvador, el único país que experimentó una reducción al pasar de los 26.811 en 2017 a los 26.479 en 2018” (Agencia EFE: 2019)

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México (2012-18), y la Presidencia de Barack Obama en EUA (2009-17), en ambos países se configuró una política migratoria basada en las deportaciones masivas, México se convirtió en el país intermedio más importante para regresar a los migrantes a sus países de origen, luego de ser expulsados del territorio estadounidense. Como parte de la armonización política migratoria mexicana con la de EUA, se creó el programa Frontera Sur mediante el cual se reforzó una política de velar por la seguridad de las fronteras, detenciones masivas de migrantes en tránsito, deportaciones y aumento de agentes migratorios en la frontera sur, el objetivo era impedir que cruzaran el territorio nacional hasta llegar a la frontera norte.

Al llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el año 2018 esbozó un discurso que ya había iniciado durante su campaña política en pro de la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes, tanto los mexicanos que residen en EUA, como aquellos no mexicanos que utilizan a México como país de tránsito con especial énfasis en los centroamericanos.  De igual manera enfatizaba la importancia de la soberanía mexicana al momento de formular sus políticas migratorias, afirmando tajantemente que México no haría el “trabajo sucio” de Estados Unidos en el tema migratorio. Incluso con la llegada de la primera caravana de migrantes en octubre de 2018 se respondió con la oferta de visas humanitarias y  en el mes de enero del año 2019 se implementó el “programa emergente de emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias” mismo que fue finalizado a finales de ese mismo mes, esta iniciativa fue seguida de subsecuentes esfuerzos por otorgar estas tarjetas humanitarias a los centroamericanos que transitaran por México de una forma más ágil y expedita, en este sentido se reconoce que; “aunque fue de corta duración, el Programa Emergente reflejó el enfoque humanitario inicial de la administración de López Obrador respecto a la política migratoria. Entre diciembre de 2018 y abril de 2019, el INM otorgó un total de 26,584 visas humanitarias. Este fue un aumento del 7,000 por ciento respecto al año anterior, cuando entre diciembre de 2017 y abril de 2018, el INM sólo otorgó 5,102 visas humanitarias” (Leutert, 2020:28)

Lo anterior cambió radicalmente a mediados del año 2019 cuando se negoció por parte de Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores de México,  que los solicitantes de asilo (provenientes de países centroamericanos) en Estados Unidos permanezcan en espera en territorio mexicano durante su proceso de solicitud ante autoridades migratorias y también su proceso de revisión en la corte,  bajo el programa denominado “Remain in Mexico” se pusieron en marcha los protocolos de protección al migrante (MPP), a pesar que en el marco de este instrumento se prometió otorgarles los derechos y libertades, así como el permiso de obtener un empleo y poder vivir legalmente en México. Hasta el momento los solicitantes de asilo que permanecen bajo este estatus de espera permanecen en condiciones de vulnerabilidad dado que  enfrentan a la dificultad de la obtención de empleos formales y acceso a servicios básicos. Esto aunado al flujo habitual de migrantes internos o provenientes de otras nacionalidades que también buscan llegar a Estados Unidos y que no necesariamente se apegan al estatus de MPP. Adicional a esto, el gobierno inició el despliegue de la Guardia Nacional con especial énfasis en la frontera sur, con el fin de controlar la entrada y tránsito de los grupos de migrantes que buscan llegar hasta el norte.

El papel de los gobiernos estatales (entidades federativas) ha sido también muy limitado ya que al ser la migración un tema gestionado y regulado por la federación, los recursos que se utilizan para la atención y gestión de estos flujos son determinados y redirigidos por el gobierno federal hacia las arcas estatales y municipales sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades ni la intensidad del fenómeno lo que genera una limitada capacidad de acción de los gobiernos locales frente al mismo. El gobierno federal por su parte, también construyó dos albergues y centros de integración para migrantes donde se pretendía la atención de los MPP, con limitados resultados en Tijuana y Ciudad Juárez.

Históricamente en México, la sociedad civil ha representado el sector con más incidencia en la atención de los flujos migratorios específicamente las Asociaciones Civiles que operan los albergues para migrantes, donde estos obtienen refugio, alimento, ropa, atención en materia de salud y algunos otros servicios.

Una vez que pisan el territorio nacional al momento de ser atendidos en su proceso administrativo por parte del Instituto Nacional de Migración, los albergues son la primera referencia que obtienen los migrantes de retorno sobre un lugar seguro donde puedan dormir, comer, asearse y obtener un cambio de ropa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en Baja California existen cerca de 23 albergues operados por organizaciones de la sociedad civil en cuya responsabilidad ha quedado el tema de la atención de los flujos migratorios.

En este contexto, es muy importante hacer un recuento de la situación que han enfrentado estos albergues operados por la sociedad civil bajacaliforniana a partir de la llegada del COVID-19 a la entidad, en particular por dos eventos importantes. Uno es el complejo escenario que enfrentan estas organizaciones ante la suspensión de los fondos gubernamentales hecho que ha causado que su sostenimiento dependa totalmente de donativos provenientes de la sociedad y fundaciones. Y el otro es posicionamiento del estado de Baja California como epicentro nacional de la pandemia.

 

La Llegada de COVID-19 a Baja California y la Situación en los Albergues Migrantes

A partir del 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia global al COVID-19 o SARS-CoV-2, y de esta fecha pasado 6 días, se confirmaron los primeros dos casos positivos en Mexicali, Baja California entidad ubicada al noroeste de México que hace frontera con California, EUA. El 18 de marzo se dio el primer fallecimiento por COVID-19, y se registraron 495 casos acumulados confirmados a nivel nacional, para el 27 de abril, son más de 23,500 casos acumulados confirmados y lamentablemente 2,807 decesos. El 17 de mayo, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Baja California concentraron el 51% de los casos activos (Lara & Tula, 2020). El 22 de junio alrededor de 140 mil personas  recuperaron su salud tras padecer COVID-19, siendo para ese momento el porcentaje de letalidad en México del 12.2% (Lara & Tula, 2020). Para el 8 de Julio, México alcanzó 282,248 casos acumulados confirmados, 33,512 decesos acumulados, un estimado de 29,129 casos activos y cerca de 172,230 casos recuperados, las comorbilidades principales, según los casos confirmados para esta última fecha son; hipertensión con un 19.97%, obesidad 193.31%, diabetes 16.28% y tabaquismo con un 7.55% cifras obtenidas en el portal del  Gobierno de México (2020).

La epidemia del COVID-19, trajo consigo que se tomaran medidas desde el nivel federal. En este sentido, Estaban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el anuncio del primer receso escolar que daba inicio el 20 de marzo del presente año y el Consejo de Salubridad General, cuyo Presidente es el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, declaró emergencia sanitaria nacional, suspendiendo todas las actividades no esenciales en el sector público, social y privado hasta el 30 de abril. A esa fecha había 28.496 casos confirmados y 3.484 muertes a nivel nacional; en Baja California hubo 2.292 casos confirmados y 388 muertes según el gobierno mexicano (2020). Sin embargo, debemos tener en cuenta que los números que el reporte diario que el gobierno federal compartió no coincidían con los números del sitio COVID-19 del gobierno mexicano.

Con respecto a la ciudad capital del estado de Baja California, desde los primeros 15 días de contagio, se presentó una tendencia similar a la Wuhan en China según el INFOBAE (2020), de acuerdo a las declaraciones de Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud del estado. Por lo tanto, el Gobierno del Estado de Baja California (2020), comenzó a tomar medidas preventivas como la suspensión de actividades educativas, cierre de playas, plazas comerciales en donde no están instalados supermercados, establecimientos nocturnos, bares, cines, gimnasios; no acudir a lugares con alta aglomeración, no asistir a reuniones; se enfatizó en el cruce fronterizo esencial, suspensión de actividades que incentiven la movilidad en distintos sectores; para el caso de los restaurantes se limitó el servicio para solo comida para llevar. Adicionalmente, se hizo un llamado para que los empleadores acataran las medidas sanitarias de lo contrario serían acreedores a una multa, según lo expuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California cuyo titular es el Lic. Sergio Moctezuma Martínez López.

A pesar de los continuos llamados de las autoridades del estado de Baja California, los casos de COVID-19 no cesaron, debido a la continua movilidad y el tránsito transfronterizo, es decir los cruces constantes por las fronteras de San Diego-Tijuana y Mexicali-Calexico, no sólo de personas cuyo trabajo se encuentra en una u otra ciudad de Estados Unidos y viven del lado mexicano, sino también por actividades no esenciales como reuniones sociales y familiares, compras y turismo que relajaron el distanciamiento social principalmente en las ciudades de Mexicali y Tijuana. Para esta última a partir de la segunda semana de abril se reportó saturación de servicios hospitalarios, personal de la salud contagiado y carencias de insumos para atender la pandemia según Mckee & Del Monte (2020). Los casos de COVID-19 siguieron aumentando hasta colocar el estado dentro de los tres primeros lugares en casos acumulados positivos, así permaneció hasta lograr mantenerse en una meseta y bajar su posición entre el quinto y sexto lugar nacional hasta el 23 de junio (Luna, 2020), sin embargo, seis días después Baja California es considerado, como uno de los estados con mayor incidencia de coronavirus con 240.86 casos por cada 100 mil habitantes.

La pandemia de COVID-19 ha tenido afectaciones en la población en general y sobre todo en  la población migrante que se encuentra ubicada en las principales ciudades de la frontera norte del estado de Baja California en México, colindante con Estados Unidos (E.U). Los estragos que han vivido las personas migrantes han sido acentuados por la falta de atención de las autoridades e instituciones que deberían brindarles apoyo (Moreno & Olvera 2020), causando en primera instancia frenar la libre movilidad dentro del territorio nacional debido al cierre parcial del acceso en algunas entidades federativas y de la frontera con E.U., en segunda instancia se han visto limitados los servicios de salud para aquellos padecimientos que no son COVID-19 y que requiere la población migrante, como es el caso de la atención de los embarazos. Además de lo anterior, los procesos  administrativos migratorios están siendo ralentizados, en México a partir del 23 de marzo, las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda  Refugiados (COMAR) cerró sus puertas, dejando a la deriva a las personas migrantes en sus procesos migratorios y, por parte del gobierno de Estados Unidos la pandemia ha sido utilizada para declarar a partir del 17 marzo deportaciones exprés (Moreno & Olvera 2020), las cuales  pueden ocurrir dentro durante las primeras horas o minutos de haber ingresado al país vecino.

Las condiciones mencionadas, han ocasionado que Tijuana y Mexicali se conviertan en una sala de espera para todas aquellas personas migrantes que tienen pendientes procesos migratorios, puesto que dentro de las actividades señaladas por el gobierno de Estados Unidos, el proceso de solicitud de asilo, es considerado como no esencial, según lo da a conocer Moreno & Olvera (2020). Para el caso de las personas que se encuentran bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), les ha sido diferido en varias ocasiones sus citas en la corte estadounidense, recientemente se ha dispuesto que sean aplazadas hasta el 16 de julio (Beltran, 2020). También han sido afectadas las personas que provienen de la frontera sur de México que desean registrarse en la lista de espera para la solicitud del asilo en EU, está fue suspendida (Moreno & Olvera, 2020).

Las situaciones antes mencionadas, repercuten directamente en los albergues de la zona fronteriza, se ha documentado en diferentes fuentes que las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, concentran alrededor del 70 por ciento de su capacidad instalada de personas migrantes. En Mexicali, la mayoría de los albergues no están recibiendo nuevos ingresos, solo en algunos casos y por solicitud de colaboradores de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Albergues como Posada del Migrante y Casa de Ayuda Alfa y Omega han recibido a algunas personas, aunque para el primero las salidas de los migrantes no son permitidas, en el segundo son restringidas salvo para aquellos casos en donde las personas tienen la necesidad de salir para buscar apoyo económico o trabajar debido a la carencia de recursos económicos para pagar la cuota que los albergues les solicitan. El albergue ‘Hijo pródigo’ es el único albergue en Mexicali que está recibiendo ingresos, para ello tienen instaladas unas carpas (donadas por la OIM) como tipo prefiltro para detectar casos de COVID-19, aunque las medidas sanitarias no se llevan cabalmente.

 

 

Lamentablemente existe un olvido por parte de las autoridades para atender la población migrante, únicamente se tiene planeado ayuda con despensas, pero aún no hay nada concreto. Las organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM han apoyado con material de higiene y de salud, así como carpas que han sido adecuadas para prefiltro sanitario. La OIM, pretende instalar próximamente un hotel prefiltro para recibir a las personas migrantes, una vez que estas pasen por un periodo de observación podrían ser canalizadas para que sean recibidas en los albergues de la entidad.

La población migrante que se aloja en los albergues, ha presentado casos positivos de COVID-19, incluso algunos de los administradores fueron diagnosticados como positivos. Personal de la salud, que antes asistía para prestar atención médica en los diferentes albergues dejaron de presentarse, tampoco las autoridades han enviado alimentos, ni definido protocolos para la prevención y monitoreo epidemiológico. Es importante señalar que cuando acuden por su parte los migrantes a los centros de salud no son atendidos o no les realizan las pruebas, la OIM ha tenido un papel importante para que se les preste la atención médica y les sean realizadas las pruebas en diferentes instituciones principalmente privadas.

 

 

En este contexto de crisis en salud pública generada por el COVID-19, no menos importante es la salud mental de las personas migrantes, pues se encuentran en un panorama desolador, de incertidumbre y de precariedad, surgiendo situaciones de estrés, tensión, ansiedad o depresión que los aqueja, estos han sido más incidentes en aquellas personas que no están dentro de los albergues o que perdieron sus empleos, debido a que gran parte de esta población trabajaba de manera informal, algunos que tenían trabajos formales y fueron despedidos perdieron sus prestaciones y con ello el acceso a servicios, por el mencionar el de la salud. El COVID-19 ha hecho evidente y acentuado los problemas y deficiencias que ya se tenían en México con la población migrante, afectando también a quienes los asisten y apoyan, ahora los estragos son mayores y la incertidumbre constante.

 

1 July, 2020