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Al momento de escribir estas líneas, Perú es el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas infectadas con COVID-19 (94,933) y el tercero en cantidad de muertes (2,789), solo por detrás de Brasil, México y Ecuador—los dos primeros con una mayor población y extensión territorial, y, en el caso brasileño, con un presidente que rehusado tomar medidas adecuadas contra la pandemia. Estos números contrastan con el hecho de que Perú estuvo entre los primeros países en la región en cerrar fronteras y fue el primero en adoptar el aislamiento social obligatorio (BBC 2020). ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué los números no reflejan las acciones emprendidas por el gobierno?

Invertiré el orden de las preguntas y formulare una hipótesis, en el caso peruano los números realmente reflejan un escenario positivo, a la luz de lo que sabemos de la calidad de las instituciones en el país. En otras palabras, la pandemia podría haber tenido tintes apocalípticos aquí, si no se hubieran tomado decisiones oportunas.

Entonces, ¿por qué no tuvimos un mejor resultado? Sin duda, existen una multiplicidad de circunstancias—de índole estructural/coyuntural, interno/externo y hasta psico-socioculturales—que motivaron los resultados alcanzados. Desarrollaré únicamente dos factores estructurales correspondientes al Estado: la planificación articulada a alto nivel, y la capacidad de implementación y seguimiento. Adicionalmente, mencionaré brevemente algunos factores psico-socioculturales, internos y estructurales que nos permitirán entender mejor lo acontecido.

La experiencia previa en el manejo de crisis es importante. A Perú no le es ajeno el tema, ya sea por los fenómenos naturales (friaje, niño costero, sismos), su brecha en infraestructura (comunicaciones/tecnología), la conflictividad social, la informalidad o la crisis de partidos políticos. Regularmente enfrentamos crisis de diversa índole y calibre, pero es casi nulo el conocimiento que sistematizamos a nivel multisectorial e interregional (carencia de planes y protocolos articulados de respuesta, con división de tareas y responsabilidades entre el Ejecutivo y los diferentes niveles de gobierno).

Esto se manifiesta, por ejemplo, en la ausencia de bases de datos sobre la composición y características de la población, lo que diluyó los esfuerzos de ayuda económica directa por parte del Estado (RPP 2020); la ausencia de material de protección y detección (situación agravada por el aumento internacional de la demanda y la desventaja de países con menos recursos, frente a economías más fuertes); así como las demoras en su aprovisionamiento.

Como evidencia sustancial, encontramos la falta de presencia de otras entidades públicas pertenecientes al sistema de gestión de desastres, así como la necesidad del gobierno de cambiar a la ministra de salud, Elizabeth Hinostroza (Gestión 2020), a pocos días de iniciada la cuarentena, y luego al ministro del interior, Carlos Morán (Fowks 2020)—dos sectores claves en el manejo de crisis sanitarias.

La remoción de ministros, demuestra fragilidad institucional, recurrimos nuevamente a personalidades cuando es la propia organización la llamada a liderar este tipo de circunstancias, con independencia del responsable político de turno. La ausencia de otras entidades públicas, demuestra centralización dentro del Poder Ejecutivo, dejándose de lado quizás, a personal técnicamente mejor preparado (sobre este punto, ver la entrevista a Gisella Orjeda en Camacho 2020).

Sobre la capacidad de implementación y seguimiento, destacaré que es la primera vez en nuestra historia que la movilidad en el país se ve afectada en su totalidad y por tanto tiempo. Hemos evidenciado que el Estado no tiene la capacidad de mantener la presencia de fuerzas del orden, solo en Lima, el número de policías y militares custodiando avenidas principales disminuyo drásticamente después de los primeros quince días (Machacuay 2020), y era evidente que este personal no contaba con la logística necesaria ni protocolos de intervención claros; lo mismo puede decirse en el control de fronteras entre regiones.

Veamos ahora algunos factores psico-culturales, indispensables para entender la situación actual: i) la desconfianza de la ciudadanía en el Estado (aliviada por la estrategia comunicacional del gobierno, a pesar del aislamiento político del Presidente; La República 2020); ii) la falta de autocontrol, presente sobre todo en la costa y selva (Lima, Lambayeque, Piura, Loreto; AS Perú 2020); iii) la poca educación y costumbre sobre hábitos de limpieza (lavado de manos y uso de mascarillas; Zurita 2020); o iv) el respeto por la distancia social.

Entre los factores internos que impactaron negativamente la situación destacan: i) la informalidad de la economía, manifestada sobre todo en el auto empleo (INEI 2018), la cual (en combinación con las restricciones de movilidad) perjudicó a un grupo de ciudadanos que mantenía una economía de subsistencia (el empleo informal alcanzaba en el 2017 un 52.4%) y causó el fenómeno de “los caminantes” (Reuters 2020), ayudando a propagar la enfermedad en algunas provincias; y ii) la corrupción (Miñán 2019a), sobre todo a nivel de gobiernos locales y regionales, manifestada sobre todo en las compras realizadas durante la emergencia.

Una mención especial, como factor interno positivo, son las formas tradicionales de organización, como las rondas campesinas, que ayudaron a controlar al virus y a la población de forma más efectiva que las fuerzas formales. Como a finales de ochenta e inicios de los noventa, cuando coadyuvaron a sofocar a grupos terroristas; destacan los resultados en regiones como Cajamarca, Ayacucho y Cusco, entre otros (poblaciones que además contaban con experiencia en el acatamiento de toques de queda; Andina 2020). Sería interesante analizar la influencia de factores climáticos como facilitadores del aislamiento social en la sierra, en contraposición al clima cálido de la costa norte y la selva, que en muchos casos condiciona a los hábitos de socialización.

Dentro de los factores estructurales que afectaron de forma negativa podemos contar: i) la fragmentación del sistema público de salud (Ministerio de Salud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía, Seguro Social de Salud; Cabani 2019) y la poca articulación con el sistema privado en caso de crisis (la falta de legislación al respecto es el mayor obstáculo); ii) la falta de información veraz sobre la capacidad operativa de cada establecimiento; iii) la prevalencia de enfermedades que agravan las consecuencias del COVID-19, como el TBC, influyen de igual forma (Perú es el segundo país con mayor cantidad de casos en América; OPS 2018); iv) el déficit de infraestructura y equipamiento de salud; v) el déficit de profesionales de la salud, sobre todo en regiones diferentes a Lima; y vi) el déficit en electrodomésticos para la conservación de alimentos en los hogares con menos recursos (Panamericana 2020).

Espero que como país aprovechemos esta ventana de oportunidad para desarrollar cambios estructurales, la necesidad de un Ministerio de Planificación, o el fortalecimiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN; Miñán, Whitney 2019b) y su articulación con los actores vinculados a la gestión de riesgos y desastres, es fundamental para el manejo de crisis y guiar la organización en ese sentido. Actualmente, la planificación estratégica esta ahogada por la injerencia del Ministerio de Economía y Finanzas (Alarco 2019), cuya lógica de acción (equilibrio fiscal) responde a otros intereses, dentro de los contrapesos de poder que deben existir en un Estado. Se necesita independizar a la planificación estratégica de este poder, si queremos mejorar la articulación del aparato burocrático y estar preparados para situaciones similares en el futuro.

　　　　

Otro aspecto positivo de fortalecer la planificación estratégica, es el aprovechamiento de oportunidades en innovación y desarrollo tecnológico. Durante esta crisis hemos visto a las principales universidades del país y algunas empresas del Estado, enfrascadas en el reto de potenciar equipamiento obsoleto, o desarrollar la producción de material de protección y diagnóstico que ayude a paliar el déficit en la oferta existente (UNMSM 2020). Estas condiciones pueden ser solo una buena señal, ser temporales, o quedar en buenas intenciones si no se desarrollan a la par políticas públicas que den sostenibilidad a estas iniciativas. Es necesario implementar un modelo de innovación como el que desarrolla la Triple Hélice, que posibilite la conjunción de intereses y la articulación del Estado, la academia y la industria, en aras de prepararnos para crisis venideras y mejorar nuestra competitividad.  Esto cobra mayor relevancia en el contexto actual, si entendemos que el mundo tenderá a un nuevo proteccionismo y al desarrollo industria estratégicas en preparación a coyunturas similares. Además, el cambio en las dinámicas sociales generará nuevas necesidades y patrones de consumo que demandarán mayor dinamismo del mercado.

 

22 June, 2020

 

 

 

ES (ORIGINAL)

At the time of writing, Peru has the second highest number of people infected with COVID-19 (94, 933) in Latin America, only behind Brazil, and the fourth in regard to the number of deaths (2,789), only behind Brazil, Mexico and Ecuador—the first two countries with a larger population and territorial extension, and, in the Brazilian case, with a president that has refused to take proper measures against the pandemic. These numbers sharply contrast with the fact that Peru was among the first countries in the region to close its borders and was the first to adopt compulsory social isolation (BBC 2020). What happened, then? Why do numbers not reflect the actions taken by the government?

I will reverse the order of these questions and formulate the hypothesis that, in the Peruvian case, the numbers actually reflect a positive scenario in light of what we know about the country’s institutional quality. In other words, the pandemic could have taken on apocalyptic overtones here if timely decisions had not been made.

Why aren’t we seeing better results? Undoubtedly, there are several conditions—structural, circumstantial, internal, external, psychological, sociocultural, etc.—that produced these outcomes. Here, I will elaborate on only two structural factors related to the State: articulated planning at the higher levels, and the capacity for implementation and monitoring. Additionally, I will briefly comment on some internal and psychological/sociocultural factors that may allow us to better understand what happened.

Previous experience in crisis management is important for planning. Peru is no stranger in this area due to natural phenomena (e.g. El Niño, earthquakes, abrupt cold weather), its infrastructure deficit (e.g. communication systems and other technology), social conflicts, the prevalence of informal markets, and the crisis of political parties. We face crises of various kinds and degrees on a regular basis; however, there has been almost no data collected and systematized at the multisectoral and interregional levels (lack of articulated response plans and protocols, with division of tasks and responsibilities between the Executive and the different levels of government).

This is reflected, for example, in the absence of databases on the composition and characteristics of the population, which diluted the efforts of direct economic aid by the State (RPP 2020); the absence of protection and detection materials (a situation which was worsened by the international increase in demand and the disadvantage of countries with fewer resources, compared to stronger economies); as well as delays in its provisioning.

As substantial evidence, we find the lack of presence of other entities. public belonging to the disaster management system, as well as the need for the government to replace Minister of Health Elizabeth Hinostroza (Gestión 2020) a few days after the quarantine began, and then the Minister of the Interior, Carlos Morán (Fowks 2020)—two key sectors in managing health crises.

The removal of ministers is a clear sign of institutional fragility in those two key sectors. The country again relies on public figures when it is truly the organization itself that is called to lead efforts under these circumstances, regardless of the politician in charge. The absence of other public agencies demonstrates a high degree of centralization within the Executive Branch, which results in leaving aside public servants who may be better trained to handle technical matters (on this point, see the interview with Gisella Orjeda in Camacho 2020).

With the State’s implementation and monitoring capabilities, it must be highlighted that this is the first time in the country’s history that transit has been affected in its entirety and for such a period of time. We have witnessed the State’s lack of capacity to enforce the law. Just in the capital city, Lima, the number of police and military officers keeping guard on main streets decreased dramatically after the first fifteen days of the lockdown (Machacuay 2020), and it was evident that the necessary resources and protocols were missing. The same can be said for border control between regions.

To better understand the current situation, we must take into account some essential psychological and cultural factors: (a) the citizens’ distrust in the State (alleviated by the government’s communication strategy, despite the political isolation of the president; La República 2020); (b) the lack of self-control, especially among individuals living in coastal areas and the Amazon (e.g. Lima, Lambayeque, Piura, Loreto; AS Perú 2020); (c) little knowledge and poor habits concerning hygiene (e.g. hand washing and use of masks; Zurita 2020); and (d) disregard for social distancing requirements.

Among the internal factors that negatively impacted the situation, we must highlight (a) the informality of the economy, manifested above all in self-employment (INEI 2018), which (in combination with restrictions with transit restrictions) harmed a group of citizens who maintained a subsistence economy (informal employment reached 52.4% in 2017) and caused their displacement in the “walkers” phenomenon (Reuters 2020), helping the propagation of the virus to other regions; and (b) corruption (Miñán 2019a), especially among local and regional governments, reflected in the public contracts awarded during the state of emergency.

Notwithstanding the above criticisms, it should be mentioned here the role played by traditional forms of organization in controlling the spread of the virus, such as the peasant patrols that helped monitoring the curfew in rural areas—arguably more effectively than regular law enforcement agencies. These groups draw from their experience during the late-1980s and early-1990s, when they supported the fight against terrorist groups. In this way, significant results have been obtained in regions such as Cajamarca, Ayacucho, and Cusco, among others (populations with experience in complying with curfews; Andina 2020). Looking forward, it would be useful to properly evaluate the influence of weather factors in facilitating social isolation in such mountainous areas, as opposed to the north coast and the jungle that enjoy much warmer weathers.

Among the structural factors that had a negative impact, we can mention (a) the fragmentation of the public health system (i.e., the Ministry of Health, health agencies of the armed forces and the police, and the social health insurance; Cabani 2019), together with the lack of coordination with the private sector, the lack of legislation in this regard; (b) the difficulties in gathering reliable data on the operational capacity of each actor in the system; (c) the local prevalence of diseases such as tuberculosis, which obviously exacerbate the consequences of COVID-19 (Peru is the second country with the highest number of cases in the Americas; OPS 2018); (d) the deficit of healthcare infrastructure and equipment; (e) the deficit of health professionals, especially in regions other than Lima; and (f) a deficit in household appliances for food preservation in households with fewer resources (Panamericana 2020).

Finally, let us express hope that, as a country, Peru and its citizens could use this opportunity to bring about structural changes, consider the need for a ‘ministry of planning,’ or strengthen the National Center for Strategic Planning (CEPLAN; Miñán, Whitney 2019b) and its coordination with other actors involved in risk and disaster management. As the interference of the Ministry of Economy (Alarco 2019), whose focus on fiscal equilibrium responds to other interests, has effectively choked our capacity for strategic planning, it is necessary to make it independent from that sector if we want to improve the articulation of the State apparatus and be prepared for other emergencies in the future.

Another positive aspect of strengthening strategic planning is taking advantage of opportunities in innovation and technological development. During this crisis we have seen the main universities in the country, as well as some public companies, engaged in the challenge of upgrading their obsolete equipment, or developing the production of protection and diagnostic material to help alleviate the deficit in the existing supply (UNMSM 2020). These conditions can be just a good sign, be temporary, or remain well-intentioned if public policies that give sustainability to these initiatives are not developed at the same time. It is necessary to implement a model of like the one developed by the Triple Helix, which enables the conjunction of interests and the articulation of the State, the academy and the industry, in order to prepare ourselves for future crises and improve our competitiveness. This becomes more relevant in the current context if we understand that the world will tend towards a new era of protectionism and the development of strategic industries in preparation for similar situations. Additionally, the change in social dynamics will generate new necessities and consumption patterns that will demand more dynamism from the market.

 

22 June, 2020
(Translated by Joseph Poszgai)

 

 

 

En el Perú el primer caso de covid-19 se registró el 6 de marzo del año 2020, un piloto de LATAM que volvía de sus vacaciones en España. Una vez conocida esta situación el ‘paciente cero’ fue aislado y se procedió a hacer seguimiento a sus familiares y contactos. Se encontraron casos positivos entre las personas que el paciente cero había visitado. El 19 de marzo se produjo la primera muerte, un hombre de 78 años con hipertensión arterial. El 5 de abril se registraron 100 fallecidos, el 14 de abril 230 y el 20 de abril se llegó a los 400 muertos. En cuanto al numero de casos, el 20 de abril habían 15,628 casos registrados. El 25 de abril había 25,331 casos y 700 muertos y el 27 de abril 27,517 casos y 728 muertos.

             La respuesta del estado peruano fue drástica. El 15 de marzo se decretó el estado de emergencia, que se prolongó hasta el 27 de abril (mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM). El decreto de emergencia implicó que quedaron restringidos los derechos a la libertad de reunión y de tránsito. Se decretó el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social (de 6pm a 4am). Es decir, no se podía salir de casa salvo para cuestiones esenciales. Se consideró esencial comprar alimentos, medicamentos en farmacias o hacer trámites en el banco. El 20 de marzo se cambió a la ministra de salud, y se nombró a Víctor Zamora, experto en salud global, como nuevo ministro de salud.

             La respuesta del estado peruano fue drástica. El 15 de marzo se decretó el estado de emergencia, que se prolongó hasta el 27 de abril (mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM). El decreto de emergencia implicó que quedaron restringidos los derechos a la libertad de reunión y de tránsito. Se decretó el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social (de 6pm a 4am). Es decir, no se podía salir de casa salvo para cuestiones esenciales. Se consideró esencial comprar alimentos, medicamentos en farmacias o hacer trámites en el banco. El 20 de marzo se cambió a la ministra de salud, y se nombró a Víctor Zamora, experto en salud global, como nuevo ministro de salud.

             Con el nuevo ministro se implementaron nuevas medidas, por ejemplo, se determinó que para salir a espacios públicos era necesario el uso de mascarillas. Así mismo, inició una campaña de información para explicar vía prensa, radio, televisión y redes sociales las formas de contagio del virus. Para paliar el impacto económico de la pandemia y la cuarentena, en una economía que es en un 70% es informal y que depende de las ventas diarias en espacios públicos, el Estado implementó subsidios económicos de 380 soles (100 dólares) para familias de escasos recursos.

             Al mismo tiempo, la Municipalidad de Lima inició una campaña bastante exitosa para promover que la población cumpla con la cuarentena, #Yomequedoencasa, que contó con apoyo de líderes políticos, artistas y medios de comunicación.

             La respuesta en general de la sociedad peruana fue de aceptar con resignación la cuarentena nacional, la popularidad del presidente Martín Vizcarra se elevó al 80% y se cuestionó más bien a los actores políticos que llamaron a desoír el aislamiento social. En algunas regiones del país (Piura, Lambayeque, Loreto) hubo más desobediencia, pero en general la respuesta fue de aceptación y resignación. Las criticas más reiteradas fueron hacia problemas de fondo de la salud pública, como la falta de camas en los hospitales, la falta de respiradores y la incapacidad de hacer más pruebas de detección de la enfermedad.

             Uno de los efectos de la pandemia ha sido una revaloración de la historia, en particular de la historia de la salud. Los medios, radio, prensa, televisión han entrevistado y publicado de forma recurrente a lo largo de la cuarentena a historiadores de la salud. En particular el interés de la prensa ha estado en conocer de experiencias anteriores de pandemias, tanto a nivel global como a nivel Perú, y una búsqueda de lecciones de las anteriores experiencias. Es decir, ha habido una aproximación práctica a la historia, de búsqueda de ejemplos exitosos de experiencias pasadas que se puedan aplica; a la realidad actual.

 

25 April, 2020

 

 

 

JP ES（Original)

Peru noted its first case of covid-19 on March 6, 2020, when a pilot for LATAM airlines returned from his vacation in Spain. Once this situation was known, “patient zero” was isolated and his family and contacts were followed up. Other positive cases were discovered among people that patient zero had visited. The first death occurred on March 19, 2020, a 78-year-old man with high blood pressure. On April 5, 100 deaths were registered, on April 14 230, and on April 20, there were 400. In regards to the total number of cases, as of April 20 there were 15,628 registered cases. On April 25 there were 25,331 cases and 700 deaths, and on April 27 27,517 cases and 728 deaths.

             The Peruvian state’s response has been drastic. On March 15, a state of emergency was declared, which lasted until April 27 (by Supreme Decree 044-2020-PCM). The emergency decree implied that the rights to freedom of assembly and transit were restricted. Mandatory social isolation and social immobilization were also decreed (from 6pm to 4am). In other words, people are not allowed to leave the house except for essential matters. What is considered essential is purchasing food, medicine in pharmacies or visits to the bank. On March 20, the minister of health was changed, and Víctor Zamora, a global health expert, was appointed as the new minister of health.

             With the new minister appointed, new measures were implemented, for example, it was decided that the use of masks was necessary to go out into public spaces. Likewise, Zamora started an information campaign to explain via the press, radio, television and social networks the ways in which the virus spreads. To alleviate the economic impact of the pandemic and quarantine, in an economy that is 70% informal and that depends on daily sales in public spaces, the State implemented economic subsidies of 380 soles (US$ 100) for families with scarce resources.

             Concurrently, the Municipality of Lima started a quite successful campaign to promote the population to comply with the quarantine, with the hashtag #Yomequedoencasa (I stay at home), which has had the support of political leaders, artists, and the media.

“The general response of Peruvian society has been to accept -with resignation- the national quarantine, the popularity of President Martín Vizcarra has risen to 80%, and the political actors who called to ignore social isolation are now being questioned.”

             The general response of Peruvian society has been to accept -with resignation- the national quarantine, the popularity of President Martín Vizcarra has risen to 80%, and the political actors who called to ignore social isolation are now being questioned. In some regions of the country (such as Piura, Lambayeque, Loreto) there has been more disobedience, yet in general the response has been one of acceptance and resignation. The most repeated criticisms were towards underlying public health problems, such as a lack of beds in hospitals, a lack of respirators and the inability to carry out more tests to check for the disease.

             One of the effects of the pandemic has been a reassessment of history, in particular the history of health. The Media such as radio, press and television have repeatedly interviewed and shared stories from health historians throughout the quarantine. In particular, the interest of the press has been in learning about the previous experiences of pandemics, both globally and in Peru, and to search for lessons from previous experiences. In other words, there has been a practical approach to history, seeking successful examples of past experiences that can be applied to our current reality.

 

25 April, 2020

 

Translation 28.3.2020 Mario López